Lilian Hernández y Georgina Saldierna
05 de mayo de 2025 07:21
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial, ya que los aspirantes están bajo investigación de la Fiscalía General de la República sospechosos de tener vínculos con grupos del crimen organizado o no obtuvieron una calificación mínima de ocho en la licenciatura.
A menos de un mes de que se lleve a cabo la jornada electoral judicial, las solicitudes de cancelación de estas candidaturas fueron presentadas ayer ante el órgano electoral, que deberá emitir una resolución al respecto.
En dos de los tres documentos entregados a la autoridad electoral administrativa, el Legislativo señala que 18 candidatos no cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad previstos en la fracción IV del artículo 95 y fracción III del artículo 97, ya que no gozan de buena reputación ni buena fama en el concepto público, porque pesan sobre ellos investigaciones a cargo de la FGR o porque detectaron que defendieron o liberaron a miembros del crimen organizado.
Los documentos detallan que seis candidatos cuentan con carpetas de investigación en su contra por abuso sexual, lesiones y amenazas, peculado, delincuencia organizada o incluso tienen órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud y fueron abogados defensores de miembros del cártel de Sinaloa acusados de secuestro, narcotráfico, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Los legisladores Gutiérrez Luna y Fernández Noroña enlistan a otros 12 aspirantes a cargos del Poder Judicial que no cumplen con el requisito de idoneidad al haber sido abogados defensores de integrantes de grupos de la delincuencia organizada, que concedieron libertad indebida a presuntos narcotraficantes o acusados de abuso sexual, portación de arma de fuego, delitos contra la salud o desaparición forzada.
De no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de intereses y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular, advierten los documentos.
En tanto, otros ocho candidatos no cumplieron con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho, de los cuales buscan ser candidatos a salas regionales del TEPJF, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Casos relevantes de quienes piden cancelación
En 2016, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigó al entonces juez segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, Noel Castro Melgar, por recibir dos centenarios (con un costo superior a 24 mil 400 pesos cada uno) y el pago de boletos de avión de un subordinado, a cambio de mantenerlo en el empleo.
En 2024, Karina Almada Rábago, titular del juzgado noveno de distrito en Sonora, dictó la libertad a Luis Cárdenas Palomino, el ex coordinador de Inteligencia de la entonces Policía Federal, al determinar que la FGR no presentó las pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por el caso de Rápido y Furioso.
Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, quien fuera líder del cártel de Juárez, obtuvo una suspensión definitiva de un juez federal, que frenó por tiempo indefinido su extradición a Estados Unidos. Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de distrito de amparo en materia penal, fue quien otorgó en 2023 la medida cautelar.
En tanto, en 2024, la jueza Diana Montserrat Partida Arámburo ordenó la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, El Fantasma, señalado como ex mano derecha del capo Joaquín El Chapo Guzmán. La juzgadora afirmó que la FGR no impugnó la resolución.
Fuente: la jornada
