Ángel Bolaños Sánchez
Periódico La Jornada
Sábado 9 de mayo de 2026, p. 24
Grupos vecinales, colectivos y activistas en defensa del territorio y contra la corrupción inmobiliaria advirtieron que empresas inmobiliarias recurren a un modus operandi para evadir las determinaciones de los jueces mediante actos administrativos de las alcaldías, como en el caso de Miguel Hidalgo, que al instalar sellos de suspensión al proyecto Be Grand Alto Polanco fase III, por un tema de protección civil, impidió que ayer se efectuara una inspección judicial en materia ambiental.
Uno de los mecanismos más recurrentes, explicó el abogado Arturo Aparicio, del Colectivo Claudia Cortés, son precisamente los dictámenes en materia de protección civil, en los que se advierte a la autoridad jurisdiccional de un presunto mayor riesgo por dejar una obra suspendida inconclusa.
La organización Suma Urbana y el Observatorio Vecinal Verónica Anzures, que se formó por las vecinas que promovieron el amparo, afirmaron que hay muchos casos en el mismo tenor y, de hecho, adelantaron que van a documentarlos.
Recordaron que incluso en 2022 la Secretaría de la Contraloría inhabilitó por 90 días al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, César Mauricio Garrido López, por el levantamiento injustificado de una suspensión y el retiro de sellos a una obra irregular en Francisco Murguía 86, colonia Escandón, pero fue reinstalado por determinación de la Corte.
Aparicio refirió como un caso emblemático el de Coahuila 28, en la colonia Roma Norte, donde la entonces Comisión de Participación Comunitaria consiguió que un tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México declarara ilegal el proyecto inmobiliario de la empresa GDC Desarrollos, que dirige Santiago Morales Broc, hijo del ex procurador general de Justicia capitalino y notario público Ignacio Morales Lechuga.
Entre los reclamos hechos por el órgano de representación vecinal, además de irregularidades en los procesos de consulta pública, se señala una falla geológica identificada en el Atlas de Nacional de Riesgos.
La inmobiliaria consiguió que la alcaldía emitiera un dictamen en materia de protección civil en el que se advertía que representaba un mayor riesgo dejar la obra inconclusa, tras lo cual se permitió reanudar la construcción.
Advirtió que esto podría utilizarse para reactivar Be Grand Alto Polanco, pero mencionó que en la sentencia por la que un tribunal colegiado concedió la suspensión definitiva por un probable daño ambiental tras el retiro de 112 árboles y la pérdida de suelo permeable, hace referencia a las islas de calor urbana que han provocado en la ciudad un incremento en la temperatura de 4 grados, comparado con principios del siglo pasado, y que para 2050 rebasaría 5 grados en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que podría marcar una diferencia al momento de que se emita una sentencia definitiva.
Fuente: la jornada
