Opinión

Yumiko le pone el cascabel al gato del conservadurismo.

La batalla entre conservadores y liberales llegó a Sonora.

Y quien le puso el cascabel al gato fue la diputada de Morena, Yumiko Palomrez Herrera, con su iniciativa para reformar el Código de Familia y el de Procedimientos Civiles a fin de legalizar el matrimonio igualitario, una propuesta que rompe el molde de ese contrato social, limitándolo a la unión de un hombre y una mujer.



El espíritu de esta reforma es la inclusión de las parejas homosexuales a las mismas condiciones que norman el de las parejas heterosexuales, señaladamente las relativas a la seguridad social y garantías económicas.



Como ha pasado en otras entidades donde esta reforma ha sido aprobada, buena parte del debate ha sido encauzado por el derrotero de la moral y los preceptos religiosos, para oponerse a partir de visiones apocalípticas que anticipan el fin de la humanidad como castigo divino.



Sodoma y Gomorra palidecen frente al rezo y la santiguada cada vez que una mujer toma a otra de la mano y la besa; o un hombre hace lo mismo con otro hombre.



Palidece también el derecho al amor independientemente del sexo, algo que está presente en cada familia o en su entorno cercano, pero que se esconde (o pretende esconderse) como hasta hace poco se escondían (o pretendían esconderlas) las discapacidades en miembros de la familia que hoy, afortunadamente tienen mayor acceso a la integración social, gracias a una sociedad que poco a poco va avanzando en sus criterios de inclusión.



En los hechos, desde hace tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las normas que prohíben el matrimonio igualitario, pero aún hay resistencias como las que se registraron ayer en el Congreso del Estado.



Desde temprano se presentaron algunos jóvenes y mujeres identificados con grupos religiosos para manifestar su oposición a la iniciativa. Se retiraron argumentando que no los dejaron entrar al Congreso, pero no recuerdo, en más de 25 años cubriendo esa fuente, que le hayan negado el acceso a algún grupo pacífico. En realidad, creo que se retiraron cuando comenzaron a llegar activistas e integrantes de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero Trasvesti Intersexual Queer (LGBTTTIQ).



¡Qué horror! ¡Sí existen!



Su consigna: reclamar derechos. Su condena: regresen al clóset, no existen aunque existan. Son mejores en el anonimato y la exclusión civil. Respeto las preferencias pero no se metan conmigo, aunque eventualmente yo me pueda meter con ustedes con la condición de que no se lo cuenten a nadie.



La iniciativa fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y la de Justicia y Derechos Humando, que habrán de dictaminar sobre la misma.



La primera está integrada por Leticia Calderón Fuentes (PES); Héctor Raúl “El Polluelo” Castelo Montaño (Morena); María Alicia Gaytán Sánchez (Morena); Lázaro Espinoza Mendívil (PES); Carlos Navarrete Aguirre (PES); Filemón Ortega Quintos (PT); Jesús Alfonso Montes Piña (PES) y Orlando “El Siri” Salido (PT).



La Comisión de Justicia y Derechos Humanos está integrada por Jesús Eduardo Urbina Lucero (PAN); María Alicia Gaytán Sánchez (Morena); Leticia Calderón Fuentes (PES); Luis Armando Alcalá (PRI); Francisco Javier Duarte Flores (PANAL); Miguel Ángel Chaira (Morena) y Magdalena Uribe (PT).



Ese es el primer filtro para que la iniciativa pase, así que grábense esos nombres y apunten los votos particulares. Si no pasa de comisiones, la iniciativa no llega al pleno y se desecha.



Si pasa, será muy interesante ver el sentido del voto de cada uno (y una) de ellos (y ellas).



El caso del PES es súper interesante, porque siendo un partido confesional y cristiano, uno de sus diputados tiene como asesor a un tapadito integrante de la comunidad gay, y cualquiera supondría que le recomendó aprobar la iniciativa, junto a los diputados del PAN que se supone, son bien conservadores, pero pueden resultar bien liberales a la mera hora.



Luego les paso más datos, porque ese rebozo sí está bien heavy.



II



Los hechos violentos del pasado fin de semana en Hermosillo, que tensaron los nervios de la sociedad al descubrirse a sí misma en la malhadada convivencia cotidiana con el crimen organizado, y de un gobierno que eventualmente aparece rebasado por la delincuencia fueron un severo acicate para que los tres niveles de gobierno se pusieran las pilas.



Ayer se reunió la mesa de seguridad para la recuperación de la paz en Sonora, una instancia de coordinación entre la federación, el estado y los municipios, para definir acciones urgentes que se traduzcan en resultados concretos en materia de seguridad pública.



Y es que el Estado, visto como el conjunto de instituciones que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a veces parece estar perdiendo algunas de sus facultades, como es el monopolio de la violencia legítima y el control del territorio.



La violencia del crimen organizado se ha recrudecido en los últimos meses. Los estudiosos del tema toman como referencia el primero de diciembre, día en que tomó posesión el nuevo gobierno federal, para concluir que estos meses han sido más sangrientos incluso que los de aquel negro sexenio de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico.



El número de homicidios dolosos ha rebasado las cifras correspondientes al mismo periodo de cualquier otro sexenio, y en la fúnebre lista se incluyen 19 periodistas.



Con los niveles de violencia que existen en municipios como Cajeme, Guaymas y Empalme, Hermosillo se había mantenido en márgenes “aceptables” (esto desde luego es un eufemismo), pero los últimos días encendieron todos los focos rojos en el tablero de las instituciones encargadas de la seguridad.



Sólo queda esperar a que de esta reunión de la Mesa de Seguridad se desprendan acciones efectivas para destensar las cuerdas de una sociedad sacudida por el horror de las ejecuciones públicas, y dicha mesa le haga honor a su nombre, recuperando la paz.



III



Buena sacudida la que dio ayer la alcaldesa Célida López al árbol de su gabinete, destacando el movimiento según el cual, Alfredo Gómez Sarabia pasará a ocupar la dirección de la paramunicipal Agua de Hermosillo, siendo sustituido en la secretaría del Ayuntamiento por Joaquín Rodríguez, quien se venía desempeñando como jefe de la oficina de la presidencia.



Alfredo Gómez hizo un buen trabajo al frente de la dependencia que tiene en sus manos buena parte de la gobernabilidad en el municipio, y en mucho hay que abonarle que la alcaldesa de Hermosillo sea hasta hoy (y después de un accidentado y conflictivo arranque) una de las que menos raspones ha sufrido en esa camada de presidentes municipales surgidos de la elección 2018 con candidatos y candidatas de la coalición que encabezó Morena.



Este cambio debe pasar antes por la aprobación de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo.



Ese no es el único cambio. El actual Oficial Mayor, Daniel Sánchez González asumiría el cargo de Tesorero en sustitución de Martín Alberto Azpe Fimbres.



Estos cambios fueron anunciados ayer, pero antes tendrán que ser aprobados por el cabildo, que se reunirá en sesión extraordinaria este martes.