Durante décadas, una de las mejores válvulas de presión o de contención social diseñadas desde y por el propio estado mexicano, fueron las organizaciones gremiales que supieron encontrar el punto de equilibrio entre lo máximo a que estaban dispuestas las organizaciones patronales a ceder o más bien, a conceder a una clase trabajadora que aprendió a conformarse con lo mínimo para la subsistencia, para lo cual la omisión de una exigencia razonable por parte de sus representaciones operó no obstante el argumento indiscutible del precepto constitucional que describe al salario de la siguiente manera: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.” (Art. 123, Inciso A, fracción VI).
Es por demás evidente que un salario mínimo tal como actualmente está tasado en nuestro país dista con mucho de siquiera acercarse a la más modesta parte del cumplimiento de lo establecido en el texto constitucional, sin embargo, la política de contención salarial diseñada desde el sistema económico neoliberal vigente en México desde el arribo de la tecnocracia al gobierno, encontró su mejor aliado en la representación de los trabajadores que con las crisis económicas recurrentes desde los setentas a la fecha, rediseñaron los conceptos de familia, vivienda y bienestar social precarizando su bienestar a su mínima expresión.
Con el rediseño económico del país que acompañó la antesala y la implementación del modelo neoliberal, la clase trabajadora pasó de pronto de poder acceder a amplias casas que podían pagarse con ingresos modestos a pequeñas viviendas impagables, de autos nuevos a añoranzas crediticias, de créditos bancarios a afiliaciones al “barzón” gracias, a que en 1998 se legalizaron los contratos de anatocismo que convirtieron créditos de interés simple a créditos con capitalización de intereses y de una relativa economía de mercado, al rescate financiero de la banca con dinero público, además de una creciente deuda externa incubada en los setentas y ampliada salvajemente en las próximas dos décadas.
Las consecuencias de estas nuevas realidades provocaron reducciones presupuestales por la reorientación de las finanzas públicas al pago de cada vez menos capital y más intereses a la deuda externa junto con un saqueo presupuestal igual de salvaje, lo cual trajo la precarización de todos los servicios y bienes públicos, de salud, de educación, de política de desarrollo y en general, el estancamiento del crecimiento económico de nuestro país, lo cual terminó en la atomización de la riqueza en pocas manos y la generalización de la pobreza de las mayorías alienadas bajo un diseño social quirúrgico que garantizó una población controlable vía una mala educación y transmisión social de conceptos vacuos con un férreo control de los medios de comunicación.
En todos estos episodios la ausencia de la voz de los trabajadores se explicó de la misma manera: No era su voz, era las de los otros componentes de la ecuación. El sistema político de la simulación se sublimó en las tres décadas posteriores entre altibajos y quebrantos económicos que llevaron a la mayor parte de la población a asimilar conceptos de bienestar cada vez más precarios, a pesar de que ahí estaba la fuerza potencial real del equilibrio, contenida por una inmejorable trampa que entre los sesentas y setentas mostrara su potencial real para sucumbir ante la represión criminal del régimen en descarada descomposición.
Irónicamente, la mejor garantía de la prevalencia de la clase política que acabó entonces con el nivel de vida alcanzado por la clase trabajadora entre los cuarentas y los setentas, encontró su mejor aliado en el corporativismo sindical que le convirtiera en la maquinaria electoral que se impusiera sistemáticamente a las “fallas del sistema” que con saña enloquecida fuera contenida con Díaz Ordaz y Echeverría. De ahí venimos, de las décadas perdidas, de las generaciones de la crisis.
Con el nuevo marco normativo que se desprende de la reforma laboral recientemente aprobada, es de esperarse que los sindicatos deban reinventarse al, en teoría, verse desprendidos del control gubernamental y autogobernados por los propios trabajadores quienes según lo que de esto se deriva, tendrían por fin la facultad de elegir a sus dirigentes de manera muy similar a como se eligen los gobernantes en los procesos civiles, los cuales se espera sean regulados por las instituciones que organizan las elecciones en este país.
La libertad como concepto es uno de los fines más nobles del ser humano pero implica gran responsabilidad y si en las luchas de poder que eventualmente se estarían gestando al interior de las organizaciones los procesos se dan de forma tal que cualquier persona o grupo que quiera ponerse al frente lo logre, ciertamente se gana en democracia, pero muy probablemente se pierda en efectividad; es decir, la vida sindical no admite improvisaciones, por lo que el riesgo de debilitamiento estructural de los sindicatos estaría saliendo de los propios sindicatos, si esto no es producto de una acabada cultura democrática cargada de una buena dosis de conciencia social fortalecida con un liderazgo sólido.
Ciertamente el “charrismo sindical” y los sindicatos blancos se verán destetados de la ubre que les ha alimentado y atado las manos durante décadas, pero entonces vendrán los asegunes, ya que el expertisse está justamente de ese lado y entonces las cosas se tornan contradictorias al plantearse el dilema de si es mejor cambiar con el riesgo latente de empeorar que quedarse con lo que hay para seguir igual.
Sin embargo, la nueva realidad no plantea la alternativa… La elección de dirigentes será por votación universal, directa y secreta. Ya no habrá democracia representativa y el control férreo de los procesos se verá al menos diezmado al intervenir en ellos actores externos que podrán sancionar tanto los procesos como a los actores. Ya no habría intervención, acompañamiento ni complicidades desde el gobierno y los apoyos gubernamentales desaparecerían según la nueva profecía.
Esto implica nuevos retos, nuevas realidades y una nueva concepción de la función sindical que se antoja compleja y difícil de consolidar, sin embargo, esa es la apuesta consagrada en los nuevos tratados comerciales entre nuestra nación y sus principales socios que además tiene un componente macroeconómico complejo que busca equilibrar condiciones de ingreso entre estas naciones para hacernos menos competitivos como paraíso laboral.
Es por ello que cobra especial relevancia el tema sindical, ya que, en condiciones ideales, la fuerza de uno puede ser capaz de reconfigurar un sistema laboral, político y económico en un sentido favorable para una nación cuando su vocación es la correcta, lo cual puede constituirle como una fuerza equilibradora, un factor de decisión en los grandes asuntos nacionales. Por ello tanto estado desde su diseño.
De ser correcta la teoría que le da vida al precepto que ahora en el nuevo marco legal impulsa un acuerdo de esta naturaleza, pudiera ser posible que la calidad democrática de nuestra vida civil cobre un nuevo sentido si la clase trabajadora organizada acaso logra algún grado de emancipación, lo cual, se antoja hasta utópico… pero es tiempo de utopías.
Bytheway
El movimiento de las “guerreras buscadoras de tesoros”, que en realidad tiene una tarea más macabra que afortunada, empezó actividades en Hermosillo el domingo pasado donde realizó un primer hallazgo. En tanto crece este movimiento en Sonora, el Congreso Local recientemente recibió la iniciativa del Gobierno de Claudia Pavlovich por vía de la Fiscal General, Claudia Indira Contreras, con la que se pretende acceder al sistema nacional establecido por la Ley de personas desaparecidas y extraviadas, con lo que sería posible atraer programas y recursos para que sea la autoridad quien realice esta labor que desde la sociedad civil visibiliza una realidad cruda y macabra que subyace bajo nuestra relativa normalidad.
Otro de los renglones de la actividad gubernamental local que requiere especial impulso y apoyo es el de desarrollo social en Sonora y para darnos una pincelada de lo que actualmente ocurre en ese sensible sector de la labor de gobierno, Manuel Puebla, titular del SEDESON nos aceptó la invitación al cuartel general de Libre Opinión en “Los Grillos”, donde nos compartió de sus actuales esfuerzos para revivir una Secretaría que actualmente está operando con grandes carencias y limitaciones, orientando sus intenciones a recuperar la capacidad de atención que en otros tiempos no muy lejanos, ponía al “guaty” en el centro de muchas expectativas de progreso para familias sonorenses que obtuvieron respuestas concretas en la administración escarlata.
Manuel plantea una reingeniería administrativa y financiera orientada a optimizar los recursos, a romper barreras burocráticas y darle un sentido virtuoso a la acción social que en lo que va de este sexenio, no alcanza consolidarse ante la complicada situación financiera con que ha operado.
Sin embargo, compromete su intención para lograrlo, para lo cual una gestión federal de buen nivel puede generar resultados y al parecer este hermosillense conoce las veredas que hay que andar, aunque en estos nuevos tiempos muchas cosas dejaron de ser lo que eran, sin dejar de lado que, de resurgir esta secretaría del estado de Sonora, resurge también un bastión para un reposicionamiento que para el quinto año de gestión puede contribuir de manera importante para un gobierno que ha querido hacer más, pero que se ha enfrentado con una realidad complicada desde antes de iniciar operaciones e incluso después de la salida de una gobierno federal en teoría afín.
A 10 años de la infamia
Hoy se cumplirá una década de descarada impunidad que nos ha dejado muy en claro que el estado mexicano es una caricatura transexenal de lo mismo hasta este día.
Diez años en los que la sociedad hermosillense dejamos prácticamente solos a quienes perdieron lo más preciado e irreparable junto a los que no han parado de reparar lo que han podido en niños lastimados y marcados de por vida, que han seguido luchando, unos por sacarles adelante y otros porque no sea en balde la terrible muerte de 49 bebés, procurando una justicia que se les ha negado cínica y sistemáticamente, quienes a pesar de nuestra indolencia y apatía, lo han hecho dignamente crispando los dientes y el alma, pero endureciendo el puño para reclamar.
Diez años donde han desfilado de manera burlesca ires y venires institucionales que han ratificado de manera machacona que en este país existen chairos y fifís, lucha de clases o como les queramos llamar, al fin lo mismo de siempre; unos con acceso a todo y otros con acceso a muy poco.
