Por Jesús Ibarra
Hasta en 4 mil 900 pesos por persona fue estimado el costo de pagos en trámites donde se percibió algún tipo de corrupción en Sonora, en los tres niveles de Gobierno.
La cifra representa la octava cantidad más alta registrada por el INEGI en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), publicada recientemente, y realizada durante todo el año 2019.
Así, el costo por trámite corrupto en Sonora sólo es superado por el registrado en Yucatán (44,800), Coahuila, (17,900), Chiapas (15,000), Querétaro (8,600), Nayarit (5,900), Puebla (5,300) y Guerrero (5,000).
En décimo lugar aparece el estado de Hidalgo con un costo de corrupción de 5 mil pesos.
Cuando se le compara al costo por acto de corrupción con la ENCIG de 2017 se observa para Sonora un aumento de 3 mil pesos, ya que en esa versión de la encuesta el resultado fue de mil 900 pesos.
Los tabulados estadísticos del INEGI indican que sólo el 5% de las personas que sufren un acto de corrupción presentan una denuncia, el 78.5 decidió no hacerlo.
A nivel nacional, en 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, un aumento del 64% comparado con la ENCIG presentada en 2018.
La cifra equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada en México durante el año 2019, Sonora está arriba poco más de mil pesos de esa media.
El costo a consecuencia de la corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública fue 2 mil 244 millones de pesos, lo que representó mil 294 pesos en promedio por persona afectada en México.
Por otro lado, el costo por corrupción en la realización de trámites vehiculares fue 524 millones de pesos, lo que equivale a 766 pesos promedio por persona afectada.
Comparada con la ENCIG de 2017 se observa un aumento también en el costo de la corrupción, ya que en esa edición la cifra fue de 7 mil 218 millones de pesos y el costo promedio por persona fue de 2 mil 273 pesos.
Por habitantes
Las víctimas por corrupción por cada 100 mil habitantes disminuyeron en Sonora, al pasar de 15 mil 158 en la ENCIG 2017 a 12 mil 562, una reducción porcentual de 17.1%.
A nivel nacional este indicador de corrupción disminuyó 7.5%.
Los actos de corrupción por cada 100 mil habitantes fueron estimados por el INEGI en 24 mil 221 en esta versión de la ENCIG e incluye los tres niveles de Gobierno.
Hace dos años fueron 61 mil 652, sin embargo debido a procesos de metodología el INEGI no calculó la tasa de variación para el caso de Sonora.
Sobre la prevalencia de corrupción en los trámites realizados por cada 100 mil habitantes en Sonora destacan en primer lugar el contacto con autoridades de seguridad pública (54,458), permisos relacionados con la propiedad (35,876) y trámites para abrir una empresa (23,114). Los contactos, entre paréntesis, corresponden a autoridades de los tres niveles de Gobierno.
El porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en Sonora disminuyó en 6.4%, al pasar de 91.5% en la ENCIG 2018 a 85.7% en la más reciente versión.
En general, a nivel nacional esta percepción disminuyó 4.5%.
La encuesta fue publicada el pasado 21 de mayo,sus resultados fueron opacados por la crisis que está provocando la pandemia de Covid-19 en todo el país.
De manera imprecisa el Gobierno del Estado se refirió a esta ENCIG como una medición de transparencia gubernamental y de gasto federalizado, un par de indicadores que no están contemplados en la metodología del INEGI en ninguna pregunta o módulo que conforma esta encuesta bianual.
En su comunicado oficial el Gobierno de Sonora resaltó lo siguiente: “La tasa de usuarios que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron, Sonora pasó del quinto peor lugar que ocupaba en 2015 al quinto lugar con mejor desempeño en 2019. En la tasa de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron, la entidad mejoró 9 lugares; es decir, pasó de la décima posición en 2015 a la 19 en 2019”.
El propósito de la ENCIG es dar a conocer a la sociedad en general la información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más otorga a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y así aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad en los tres niveles de gobierno.
En Sonora la encuesta se aplicó a personas mayores de edad en aproximadamente 1,473 hogares de zonas urbanas, durante el año 2019.
Confianza a la baja
Ernesto Urbina Miranda, director de la asociación civil Hermosillo ¿Cómo Vamos? resaltó que los resultados de la ENCIG muestran la falta de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y fallas de los mecanismos institucionales para denunciar actos de corrupción.
“En un primer momento te habla de los retos que tenemos en la entidad para construir una confianza hacia las entidades de Gobierno y sobre todo disminuir la percepción de corrupción que tiene el ciudadano en la construcción de relaciones que mantiene en el día a día con autoridades y entidades gubernamentales”.
“En un sentido más amplio, también nos invita a reflexionar sobre en qué tanto se ha avanzado en la construcción institucional que se ha generado en los últimos años para combatir justamente para la corrupción. Si bien esto puede tener avances puntuales o se pueden analizar en una arena de discusión el avance también se debería reflejar en la percepción de los ciudadanos en los temas de corrupción”, opinó.
Sobre el porcentaje tan bajo de denuncia de actos de corrupción en Sonora Urbina Miranda señaló que esto apunta a que las autoridades provocan un desencanto entre la ciudadanía debido a la persistencia de impunidad y el fracaso en la resolución de problemas sociales.
“Coincide con mediciones que nosotros hemos hecho con servicios públicos en términos de las fallas en el servicio de alumbrado, y en el tema de seguridad coincide en la falta de denuncia de los actos delictivos. Es como una cultura generalizada el no denunciar a las autoridades cualquier acto dentro de la ilegalidad, sea seguridad o sea algún servicio público”, resaltó.
Por último, Urbina Miranda explicó que el entramado institucional que se ha diseñado no motiva a la ciudadanía para se anime a denunciar y que culmine con la impartición de justicia y quizá también, agregó, tiene que ver con la indiferencia ciudadana con respecto a la efectividad de las denuncias ciudadanas y las denuncias ante autoridades oficiales y conductos legales.
