El debate presupuestal se ha instalado ya en el terreno de la política, en cuyo primer plano aparecen las expectativas electorales y al final, muy al fondo, el derecho de los ciudadanos a una mejor calidad de vida en sus lugares de origen.
El debate que viene en el Congreso local volverá a poner a prueba lealtades y militancias en la búsqueda de los 17 votos requeridos para aprobar el paquete económico 2020. O para rechazarlo.
Morena, con 11 votos (a Luis Armando Colosio no lo cuentan como parte de la bancada), ha planteado una posición principista de la que advierte, no se moverá. Pero tiene que encontrar consensos entre sus aliados del PES y PT para sacar adelante su “propuesta alternativa”.
Del otro lado está la minibancada del PRI, que con cinco diputados, no sería la primera vez que sumara votos incluso de Morena (no se diga del PAN, MC, PANAL, Verde, PES y PT), para conseguir la mayoría simple requerida para la aprobación.
A las negociaciones en búsqueda de esos 17 se reduce todo este proceso en el que se decidirá si pasa la propuesta del gobierno estatal, o se negocian “redireccionamientos” que convenzan a tales y cuales diputados, en lo que parece ser la negociación más cara de la historia para un gobierno estatal, porque cada legislador va a encarecer su ficha de manera nunca antes vista.
II
Las consecuencias de lo ocurrido con la aprobación del presupuesto federal, y sobre todo con las reglas de operación y los criterios de distribución de los recursos estarán resintiéndose entrado el año venidero.
El siguiente capítulo se desarrollará en Sonora, donde ya se abrieron las negociaciones del paquete económico estatal 2020 y los principales partidos políticos ya toman posiciones.
Hoy, las reacciones sobre lo acontecido en San Lázaro van de la algarabía entre aquellos que lo aprobaron haciendo uso de la mayoría en el Congreso federal, a la pesadumbre entre quienes fueron ‘planchados’ por la aplanadora legislativa.
El argumento de los primeros es implacable: se trata de privilegiar los programas de bienestar para abatir la pobreza, obligando a los tres órdenes de gobierno a optimizar los recursos, implementar medidas de austeridad y eliminar intermediarios entre el origen y el destino de fondos y partidas para inversión productiva.
Como frase matona suena bien, aunque no considera que este año hubo un sub ejercicio por más de 155 mil millones de pesos con los que se pudieron sacar adelante cientos de programas y proyectos, y otros tantos miles de millones que se ejercieron entre asignaciones y compras sin licitar; y la opacidad de programas sociales cuyas reglas de operación son aún inexistentes.
El argumento de la oposición al partido oficial no es menos realista: estados y municipios dejarán de percibir miles de millones de pesos que afectarán áreas estratégicas como seguridad, salud y educación; la obra pública se irá a pique después de un año en el que se redujo considerablemente, y todo en un escenario donde ya se habla de recesión técnica. Es decir, la antesala de la crisis económica.
Es demasiado temprano para adelantar vísperas, pero hasta los propios gobernadores y alcaldes emanados del partido mayoritario se encuentran bastante preocupados porque los servicios públicos no se pagan con discursos ni tarjetas de bienestar y en ellos reside la mayor parte de la aprobación entre sus gobernados.
Ayer, la cara del dirigente estatal de Morena se ensombreció cuando le pregunté respecto a la posición de los alcaldes de su partido (que gobiernan los municipios donde se encuentra el 85 por ciento de la población sonorense), y su argumento fue el mismo: se trata de privilegiar la atención a los pobres mediante los programas de bienestar, y para el resto de las obligaciones de los alcaldes (servicios públicos, fundamentalmente), tendrán que ponerse creativos en la gestión de recursos estatales y federales, así como mejorar su recaudación, sobre todo de prediales.
Mendoza presidió una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de la coordinadora parlamentaria Ernestina Castro Valenzuela que, como siempre, no se despegó un ápice de las tarjetas elaboradas por sus asesores y aun así no pudo explicar bien los términos y condiciones del ‘redireccionamiento’ de recursos con los que se pretende financiar obras y programas que el gobierno federal dejó en la orfandad financiera.
Sólo se limitó a decir que Morena se encuentra elaborando una propuesta alternativa a la iniciativa presentada por el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos.
Para cerrar la pinza, los diputados locales de Morena han adelantado un voto en contra de la propuesta de paquete económico estatal, y presentarán una propuesta alternativa en la que se redireccionen miles de millones de pesos para suplir la ausencia de recursos federales para obras como el nuevo hospital en Hermosillo. Se pronunciaron además en contra de la contratación de nueva deuda para financiar esas obras.
Sin precisar absolutamente nada sobre los rubros y sectores donde los recursos estatales deberían ser “redireccionados” (salvo generalidades sobre recortes en la nómina y otros gastos, incluyendo el Congreso del Estado), Ernestina Castro y el resto de los morenistas nada dijeron sobre la omisión de sus diputados federales para “redireccionar” recursos en el caso del presupuesto federal.
Y este tema no es menor, pues algunos de sus alcaldes, concretamente el de Cajeme y la de Hermosillo, Sergio Pablo Mariscal y Célida López han manifestado en diferente momento y de distintas maneras, que los proyectos estratégicos del presidente, así como los programas de bienestar son válidos, pero deberían ser reconsiderados en tiempo y forma, para apoyar con una parte de los multimillonarios recursos que se les destinarán, al apoyo a municipios.
Los programas de bienestar, por ejemplo, derramaron en Hermosillo unos 580 millones de pesos este año. Con el diez por ciento de ese monto que se destine a pavimentación, por ejemplo, se mejorarían muchas cosas en esta capital, sostuvo la alcaldesa en aquella reunión que tuvieron en Palacio de Gobierno con la jefa del ejecutivo estatal, legisladores locales y federales, y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
En la rueda de prensa de ayer, también estuvieron los diputados Martín Matrecitos y Miguel Ángel Chaira, aunque ambos callaron como momias y no tuvieron participación alguna. La ex panista Diana Platt trató de explicar el tema del hospital de especialidades, con magros resultados porque evidentemente las finanzas no son un tema que domine. Estuvo también El Pollo Castelo, compañero de Diana Platt en el padrecismo, y éste sí articuló un buen ‘speech’ para arrojar luz sobre la forma en que se pueden optimizar los recursos públicos en base a la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la eliminación de prácticas corruptas.
Viniendo tal discurso del Pollo Castelo, el chiste se cuenta solo.
III
Hubo también rueda de prensa en el PRI estatal, donde su dirigente mostró una serie de gráficas para documentar la dimensión del recorte presupuestal que significa el nuevo paquete económico federal para Sonora, que contempla poco más de 16 mil millones de pesos menos.
Estos recursos dejarán de percibir los siguientes sectores en el estado: salud pública, educación y cultura, infraestructura y desarrollo urbano, proyecto Obras para Sonora 2020, economía y turismo; proyectos registrados en la cámara de diputados, seguridad pública, Sagarhpa, entre otros programas, sostuvo Ernesto de Lucas.
El sector salud tendrá 481 millones de pesos menos; Infraestructura y Desarrollo Urbano, mil 923 mdp menos; Seguridad Pública, 40.8 mdp menos, por citar algunos ejemplos.
El dirigente del tricolor aprovechó para reiterar su posición en el sentido de que en Sonora debe comenzar a discutirse la posibilidad de abandonar el pacto fiscal federal, toda vez que en los renglones estratégicos como son seguridad, salud, educación e inversión productiva, ha sido dejado al garete por el gobierno federal.
