El dato más relevante, si acaso, fue los niveles de abstencionismo, que en Puebla llegó al 67 por ciento y en Quintana Roo al 88 por ciento. Es decir, sólo salieron a votar allí el 32 y el 21 por ciento del padrón, respectivamente.
En el resto de los estados no fue distinto: En Baja California no llegó al 30 por ciento; en Tamaulipas el 32 y los más altos fueron en Aguascalientes y Tamaulipas con el 40 y 45% respectivamente, cifras muy por debajo de las registradas el año pasado, cuando en algunos casos se registró una afluencia superior al 60 por ciento de afluencia a las urnas.
El dato es relevante porque el PAN no sólo mantuvo sus niveles de votación (especialmente en estados como Aguascalientes y Tamaulipas, donde gobiernan) al conservar la mayoría en los Congresos y conquistar alcaldías importantes.
El golpe más duro para el blanquiazul fue la derrota en Puebla y Baja California, donde dejarán de gobernar a cerca de nueve millones de mexicanos.
Y si el PRI mantuvo, en general, sus niveles de votación (que por cierto son los peores en toda su historia), puede deducirse que una parte importantísima de los votantes que el año pasado fueron partícipes del tsunami morenista, hoy decidieron quedarse en sus casas.
Encontrar las razones para que esto ocurriera serán materia de muchos análisis, pero de entrada puede apuntarse que, aunque hubo varias denuncias sobre prácticas mapacheriles del pasado, nadie pudo llevar más gente a las urnas.
Excluido Andrés Manuel de las boletas electorales y del activismo proselitista, la votación por Morena se cayó. Aun así, le alcanzó para posicionarse como la fuerza política emergente más importante en el país y alzarse con triunfos que, insistimos, eran previsibles a partir de todas las encuestas difundidas en la víspera.
¿Qué tanto influyó en esos niveles de abstencionismo los resultados de estos primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Eso lo sabremos en la medida en que se vaya haciendo el análisis más detallado del comportamiento electoral en cada estado.
II
Tres feminicidios ocurridos el jueves pasado cimbraron la conciencia de los sonorenses; obligaron a sociedad y gobierno a una mirada introspectiva que encontrara las razones, pero sobre todo las salidas a una realidad que lastima y que no puede ocultarse.
Para el sábado se realizó una muy nutrida marcha exigiendo justicia por las muertas, por las agredidas, por las mujeres lastimadas, acosadas, discriminadas y por la implementación de políticas públicas incidan en el cese a la violencia bajo el grito de #NiUnaMenos.
También se revivió una vieja demanda para declarar la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) en Sonora, misma que ha sido solicitada al menos en un par de ocasiones, a lo que la Secretaría de Gobernación declinó tras considerar que en el estado se habían cumplido una serie de exigencias relacionadas precisamente con esas políticas públicas.
El domingo se llevó a cabo un encuentro promovido por la ex diputada y decana activista de los temas de género, Patricia Alonso en la que participaron legisladoras y representantes de diversas organizaciones de mujeres, con el secretario de Seguridad, la fiscal General y la directora del Instituto Sonorense de la Mujer.
Desde el mismo viernes, la Fiscalía General dio a conocer la aprehensión de los presuntos responsables en el caso de la violación y feminicidio de la pequeña Itzel en San Luis Río Colorado, y el intento de feminicidio por parte de un sujeto que agredió a la señora Elvia en una tienda de artículos deportivos en Navojoa. El tipo podría alcanzar una condena de 53 años de cárcel.
La fiscalía pues, se movió rápido y capturó a los presuntos responsables en dos de los casos. En otros dos, el de una joven universitaria y una mujer aún no identificada, siguen las pesquisas.
La propia gobernadora respondió inmediatamente desde donde se encontraba en una gira por el desierto de Altar, mandó a sus mejores hombres y mujeres a intensificar las investigaciones con los resultados ya descritos. Esta semana anunciará una nueva herramienta tecnológica, una App para la prevención de este tipo de delitos.
Por cierto que durante la rueda de prensa ofrecida el viernes, la fiscal Claudia Indira Contreras sostuvo, a pregunta expresa, que la alerta de género en las entidades donde se ha declarado, no se ha traducido en una disminución de los delitos en la materia.
Al respecto consulté a una de las mujeres que más le entiende al tema, la investigadora del Colegio de Sonora, Leyla Acedo Ung, quien confirmó esa declaración.
Las últimas evaluaciones han mostrado pocos resultados, más por la deficiente aplicación y operación de la misma, que por el sentido de su implementación; por ejemplo, armonizar los marcos o procesos legislativos atrasados.
Malamente se ve la AVGM como un mecanismo para que los estados hagan lo que no han realizado hasta ahora, cuando en realidad implica una serie de herramientas distintas y coordinadas (sobre todo esto) para priorizar los temas de atención a la violencia de género; eso en el sentido de política pública.
Por eso se dice que es una herramienta política de atención; es decir, no se trata de palomear recetas jurídicas o sociales, sino de desarrollar políticas específicas y coordinadas en materia de educación, procuración de justicia, seguimiento y atención de denuncias, entre otras.
Por otro lado, confirmó una sospecha de este columnista en el sentido de que la federación carece de recursos técnicos, humanos, materiales y económicos para desarrollar todo lo anterior, aunque sí los hay para otros programas que pudieran solventarlo.
III
A dos días de la conmemoración del décimo aniversario de la tragedia en la Guardería ABC parece que algunos están olvidando que entre otras cosas, la muy larga lucha de los padres de las víctimas derivó entre otras cosas, en la llamada Ley 5 de Junio, en cuyo articulado se encuentran requerimientos y especificaciones para que no se construyan estaciones de gasolina (o gas) cerca de escuelas y estancias infantiles.
Vecinos de las colonias ubicadas en la confluencia de las calles Solidaridad y Olivares han comenzado a externar su preocupación por la edificación, justo donde estaba en VH Granjas, de una gasolinera, algo que los trae bastante nerviosos.
Y es que allí muy cerca se encuentra ubicada una iglesia, una escuela primaria, otra para ciegos y una guardería en un radio menor a 200 metros de donde se pretende construir ese negocio.
Los vecinos ya se están organizando para solicitar a las autoridades municipales y estatales que detengan esa obra que estaría generando condiciones de inseguridad que podrían derivar en otra tragedia.
Son esas autoridades, Inspección y Vigilancia y Protección Civil Municipal y Estatal, las que tienen la palabra.
