Desde entonces a la fecha, y cambiando lo que haya que cambiar, la estampa se ha venido repitiendo en Hermosillo una y otra vez, sin que el usuario sienta que el servicio haya tenido mejoras sustanciales, salvo las efímeras mejoras que aparecen cada vez que liberan los subsidios, incrementan tarifas, se autorizan créditos para la compra de unidades nuevas o se crean nuevos esquemas de organización empresarial que funcionan unos meses y luego vuelta a empezar.
Ayer, los concesionarios ofrecieron una rueda de prensa en la que de nuevo exigen una nueva tarifa de 11.96 pesos (mientras decide un nuevo ajuste que, desde luego, sería al alza, hasta los 15 pesos), algo que sería un atentado contra la economía de los usuarios, y que en el fondo lleva implícita la intervención del gobierno del estado para subsidiar el servicio.
Mayor subsidio o tarifas más altas son las demandas de los concesionarios, que amenazan con estallar una huelga para el próximo lunes 27 de agosto. Como ayer, como desde hace no sé cuántos años, la historia se repite con la misma frecuencia con la que se repiten las escenas de un pésimo servicio.
Cada vez que esto sucede, aparece en la opinión pública, con justificada razón, la propuesta de que los concesionarios, si están trabajando con números rojos en una actividad productiva, devuelvan las concesiones. Negocio que no deja, dejarlo, reza la conseja popular.
La novedad es que ayer, los concesionarios pusieron sobre la mesa ese tema, ofreciendo devolver las concesiones, a condición, sostienen, de que el estado las tome con todo y la deuda acumulada durante años de repetir esa historia donde circulan cientos, si no es que miles de millones de pesos.
Y la otra novedad es que esta vez, el gobierno del estado aceptó la propuesta de retomar la operación del servicio, abriendo una mesa de análisis para conocer el estado financiero de la empresa que agrupa a los concesionarios (Sictuhsa).
Si bien el Consejo Consultivo del Transporte es el que decide sobre el tema tarifario, el titular del ramo, Carlos Morales Buelna salió ayer para esbozar una propuesta interesante en el sentido de que, de una vez por todas, se ponga sobre la mesa toda la información disponible para tomar la decisión de que sea el estado quien ofrezca el servicio, con las tarifas actuales, ya que según sus cuentas no hay justificación alguna para incrementarlas.
La última vez que se autorizó un aumento en las tarifas, los concesionarios se comprometieron a mejorar el servicio y no lo hicieron, dijo. Y si eso lo hubiera tuiteado, sobraría quién respondiera: “no importa cuándo leas este tuit”.
Recordó que en 2016, el gobierno del estado subsidió con 180 millones de pesos a Sictuhsa; 180 millones en 2017 y más de 105 millones de pesos en lo que va de este año, además de apoyos extraordinarios para mantenimiento de aires acondicionados, mejora de unidades y proyectos particulares para sumar alrededor de 500 millones de pesos en lo que va de la actual administración.
Los concesionarios tienen sus propias cuentas y argumentos, entre los que aparecen hasta temas relacionados con la seguridad pública y la infraestructura vial, así como la defensa de la economía de sus propias familias y las de sus empleados, pero puestos en perspectiva, tampoco son los chicos buenos de la película, pues el tren de vida de muchos de ellos se explica a partir de la bizarra narrativa de los empresarios ricos con empresas quebradas.
Lo más interesante en este episodio, es que por primera vez en muchísimo tiempo, aparece seriamente la posibilidad de que el estado se haga cargo del servicio de nueva cuenta, lo que no parece ser visto con malos ojos por la ciudadanía, pues vendría a poner a prueba una opción que varias generaciones no recuerdan, pues en su memoria social sólo existe el reciclaje de pleitos entre concesionarios y gobiernos, teniendo como telón de fondo un servicio que no mejora.
De hecho, en la reciente contienda electoral, la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas tuvo entre sus propuestas la municipalización del servicio.
Quizás estemos en la antesala de un giro radical en todo lo que concierne a la prestación del servicio del transporte urbano, si el gobierno del estado retoma las riendas del mismo, y los concesionarios tendrían que dedicarse a otra actividad.
Ni una ni otra cosa son asuntos menores, así que vienen días intensos en el seguimiento de esa mesa de negociación donde de entrada, luce prometedora la idea de discutir la posibilidad de que el gobierno se haga cargo de un servicio tan deteriorado y tan cuestionado entre los usuarios.
II
En un gesto de voluntad política para estar a tono con la transición de terciopelo que se advierte en el plano federal, donde a pesar de las diferencias siguen anteponiéndose los acuerdos de alto nivel para la transmisión de poderes, la gobernadora Claudia Pavlovich expresó su disposición a que sea la siguiente legislatura local la que revise la cuenta pública del gobierno del estado y los ayuntamientos 2017-2018.
En la lógica de que quien nada debe, nada teme, la gobernadora confía en los resultados de la revisión que hizo el ISAF y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con los cuales la cuenta pública estatal de este periodo es la que tuvo más auditorías y menos observaciones.
Usualmente, corresponde a la legislatura en curso revisar estas cuentas, pero Claudia Pavlovich manifestó su disposición a que sea la siguiente, que entrará en funciones el próximo 16 de septiembre, la que revise estos números, con lo que envía una señal de confianza en que las cosas se están haciendo bien. Y si no, que lo diga el análisis de las cuentas y no sólo la descalificación a priori.
Y es que se realizaron 672 auditorías en las que resultaron 305 observaciones de las cuales, sólo147 están pendientes de solventar.
Para poner estos números en contextos, baste citar que la cuenta pública estatal en el último periodo analizado durante el padrecismo, tuvo dos mil 876 observaciones. En el primero de la actual administración, 768; en el segundo, 496 y en el actual, 305.
El dato es importante porque refleja una baja considerable en las observaciones, no sólo del organismo estatal de fiscalización, sino de la Auditoría Superior de la Federación, que registra a Sonora como una de las cuatro entidades del país que registraron cero pesos observados durante el primer corte auditado de 2017.
III
Y a propósito de señales para la civilidad, este jueves deberá llevarse a cabo el primer encuentro del gobierno estatal con autoridades electas en los 72 municipios de Sonora, pero los alcaldes favorecidos por el voto en 18 de esos municipios anticiparon que no asistirán. Son los alcaldes electos de Morena.
En un oficio hecho llegar a la gobernadora, se dicen agraviados por las reformas constitucionales recientemente aprobadas en el Congreso local, y solicitan un encuentro con ella, en el que sólo participen ellos y los diputados federales y senadores electos de Morena “para definir una agenda común en beneficio de todos los sonorenses. En la integración de esa agenda de trabajo usted encontrará en nosotros la consideración y respeto que su investidura de Gobernadora Constitucional le confiere. Pero también encontrará nuestra firme convicción de representar dignamente el mandato de cambio de instancias electorales de nuestros municipios, que representan al 86% de la población sonorense”, sostienen los alcaldes de Morena en su escrito.
Veremos qué sucede este día, durante ese encuentro.
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